2 godzin temu
La consulta, sin fecha fijada por el momento, también aborda la financiación de partidos políticos y la reducción del número de escaños en el Parlamento.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este martes una consulta popular con siete preguntas que incluyen eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. "A diario recibimos críticas, especialmente de los que están más lejos de la gente, aquellos que no soportan un nuevo país en el que no son protagonistas", ha argumentado Noboa en su cuenta en la red social X. El mandatario ha defendido que su lucha es "democrática y popular", rechazando las críticas que la califican de "antidemocrática o populista".
Bases militares extranjeras en debate
La primera pregunta propone eliminar "la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional". Esta medida, incluida en la Constitución de 2008 aprobada por el Gobierno de Rafael Correa, alteró sustancialmente las relaciones militares de Quito con Estados Unidos.
Las tropas estadounidenses completaron en 2009 su salida de la base militar de Manta, en el centro de la costa del país, tras la entrada en vigor de esta prohibición constitucional. La propuesta de Noboa supondría un cambio radical en la política de defensa ecuatoriana.
Financiación de partidos políticos
En segundo lugar, el mandatario ha planteado la supresión de la norma que obliga al Estado a "asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas". En su lugar, los partidos políticos se financiarían con dinero de sus donantes y simpatizantes.
La pregunta tiene un precedente claro en el proyecto de reforma impulsado el pasado año para que el Estado dejase de asignar recursos para la publicidad electoral. Esta medida se encuentra actualmente pendiente de un segundo debate en la Asamblea Nacional.
Eliminación del Consejo de Participación
La tercera pregunta propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la transferencia de sus funciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. El CPCCS tiene como principal competencia el nombramiento de los titulares de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Contraloría estatales.
También se encarga de la designación de los responsables de las superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de la Judicatura. Su eliminación supondría una redistribución significativa del poder institucional.
Reducción de escaños parlamentarios
La cuarta cuestión describe la posibilidad de "reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección". El mandatario no ha explicado cuál sería la forma alternativa de elegir a los miembros de la Asamblea, que suman actualmente 152 escaños.
Esta cifra representa una quincena más que en la legislatura anterior. En 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó una medida similar en un referéndum que fue rechazada por la población.
Contratación laboral por horas
Noboa ha propuesto asimismo permitir "la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral". Esta modalidad de contratación implica afiliación a la Seguridad Social, así como la retribución de pagas extra y vacaciones, según ha indicado la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
El sexto interrogante trata la posibilidad de que "los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político". Esta propuesta llega después de semanas de críticas a la actuación de este tribunal por la suspensión de algunos artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional aprobadas por el Legislativo ecuatoriano.
Casinos en hoteles de lujo
Por último, el presidente ecuatoriano ha planteado "permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas". A cambio, estos establecimientos "entregarán al Estado un tributo del 25 por ciento de sus ventas para la financiación de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar".
Su aprobación constituiría un cambio sustancial después de que en 2011, durante la Presidencia de Rafael Correa, quedase prohibido por voto popular el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Noboa ha subrayado que estos temas "han sido de interés popular y de urgencia de cambio" durante años, defendiendo que las siete cuestiones "les dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo".
(EUROPA PRESS) Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.
